El pasado lunes, 16 de julio, el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos, y el subsecretario, Justo Herrera, se reunieron con un equipo destacado de la multinacional farmacéutica Grünenthal para hablar sobre las indemnizaciones a los afectados por la talidomida.
Fue una primera toma de contacto en la que la firma alemana pudo dejar clara su postura. La respuesta oficial de la multinacional es que “para Grünenthal no es posible participar de forma directa en el sistema de indemnizaciones, puesto que consideramos que ya existen mecanismos satisfactoriamente establecidos que permiten que aquellos afectados por un producto con talidomida de Grünenthal puedan solicitar ayudasâ€.
El Ministerio de Sanidad insiste en que la cantidad que recoge la ley de presupuestos en indemnizaciones es “un brindis al solâ€
De este modo, la farmacéutica también aclara que no va a reconocer como afectados por la talidomida de Grünenthal a las personas que pasen todos los reconocimientos médicos fijados por el Ministerio de Sanidad, para demostrar que sus malformaciones tienen origen en el consumo del citado principio activo.
Grünenthal
La multinacional responde que “incluso si una persona es reconocida como afectada por talidomida, dichos efectos no pueden ser atribuidos exclusivamente a Grünenthal. Otras tres entidades, el Instituto Farmacológico Latino, Farmacobiológico Nessa y Peyva, distribuyeron talidomida en España durante el periodo temporal de referencia, algunas de ellas teniendo incluso sucesores. Ninguna de estas compañÃas tenÃa relación con Grünenthal y comercializaron sus productos sin el consentimiento de la compañÃa. Los fármacos con talidomida de Grünenthal solo fueron vendidos en España por un distribuidor local desde noviembre de 1960 hasta noviembre de 1961; un periodo mucho menor que cualquiera de los otros distribuidoresâ€.
Al margen de este razonamiento, el Ministerio de Sanidad creó un registro para afectados por el medicamento, en el que se han inscrito 460 personas. Más del noventa por ciento de ellas ya han pasado el reconocimiento médico establecido por Sanidad para ser considerados como afectados por la talidomida.
Más del 90 por ciento de los inscritos en el registro de afectados por el principio activo han pasado el reconocimiento médico de Sanidad
“La primera persona que se sometió a estas pruebas fue en febrero de 2018. Estos chequeos se realizan en un solo dÃa e incluyen pruebas genéticasâ€, apunta Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de VÃctimas de la Talidomida en España (Avite).
Los expedientes de los inscritos con la valoración de los expertos autonómicos se envÃan al Comité CientÃfico-Técnico de la Talidomida, del Instituto de Salud Carlos III, compuesto por reconocidos investigadores en Genética y malformaciones. “Creemos que el número de españoles afectados por el fármaco de Grünenthal en España es de alrededor de 250; es decir, que muchos de los inscritos en el registro verán que sus afecciones no fueron producidas por este medicamentoâ€, advierte Basterrechea.
Las indemnizaciones previstas en la recién aprobada ley de presupuestos del Estado se destinarán a los que hayan pasado estas pruebas médicas y cuenten con el reconocimiento del Comité del Carlos III. La citada norma consigna una indemnización de 12.000 euros por punto de discapacidad reconocida, con un techo de 50 millones de euros, una cantidad que creció de los 20 millones iniciales, gracias a una enmienda del Partido Popular, que presentó recién llegado a la oposición. La enmienda contó con el apoyo de todos los grupos en el Congreso, excepto con el del Partido Socialista.
El excepticismo que los socialistas mantienen con esta partida presupuestaria preocupa a los miembros de Avite, que acudieron a la llamada del ministerio de Carmen Montón para un encuentro que se celebró el pasado martes, 17 de julio, un dÃa después de que se vieran con la farmacéutica alemana.
Comparecencia en Comisión de Carmen Montón.
El punto de partida de esta reunión fueron las declaraciones ofrecidas por la ministra Montón durante su comparecencia, del 12 de julio, en la Comisión de Sanidad, en la que presentó las lÃneas de su acción de Gobierno. Ante las preguntas sobre la talidomida de los grupos parlamentario, Montón respondió que la citada enmienda “es un brindis al sol y una demagogia, con el techo de gasto ya aprobado no se puede incluir una enmienda sin financiaciónâ€. En el mismo momento aclaró que iban a “tramitar un proyecto de ley de forma urgente para dar solución a las demandas de los afectadosâ€.
El “brindis al sol†de la ministra ha retumbado en los oÃdos de los miembros de la asociación de Avite con un eco doloroso, dada la lucha titánica emprendida por esta asociación para alcanzar un reconocimiento que en otros paÃses vecinos ya es historia. AsÃ, el punto de partida de la reunión que se celebró la semana pasada no fue el mejor, según confiesa Basterrechea, vicepresidente de Avite, y uno de los que acudió a la cita. Por parte de Sanidad estuvieron el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos, y el subsecretario, Justo Herrera.
El tono fue agradable, lo que ayudó a calmar los ánimos, pero no sacaron nada en claro, según confiesa el vicepresidente de Avite. El ministerio está preparando un real decreto-ley que recoja las ayudas a los afectados, “para dar una solución realâ€, insisten desde Sanidad. Asà que mientras desde el ministerio no se cansan de decir que lo recogido en la ley de presupuestos no son cifras realistas, desde Avite también tienen claro que no van a aceptar menos de lo recogido en la norma, que son los 12.000 euros por punto de discapacidad, con un techo de 50 millones.
La estimación de la asociación de afectados es que la indemnización media estarÃa en los 600.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los 250 afectados aproximados, da 150 millones de euros en indemnizaciones. Asà que Avite coincide con el Ministerio de Sanidad en que la cifra recogida en la ley de presupuestos no es realista…, pero por insuficiente.
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